La intención de este trabajo es contribuir de alguna manera con el debate, resaltando hechos que nos ayuden a entender algunas de las causas estructurales que condicionan la debacle de la universidad pública en nuestro país. Para pocos pasa desapercibido que a la Universidad Nacional le toca afrontar en esta coyuntura muy serios desafíos estando muy mal preparada para dicha tarea.
Los principales problemas de la UNA son bastante obvios para los estudiantes, principales interesados: su escasa cobertura, a su vez producto de un precario desarrollo histórico de la enseñanza media, su organización aún asentada en pautas del modelo napoleónico, la ausencia de investigación científica y un crónico sub-financiamiento (2). A esto hay que agregar, la mala remuneración de los docentes universitarios y, a pesar de excepciones de alcance muy puntual, la generalizada caída de la calidad y pertinencia de la enseñanza.
Ante esta situación es prácticamente irrelevante las acciones que han tomado los organismos del estado para revertir tal situación, y en especial en el tema del financiamiento. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, el aparato del estado tomo medidas que claramente van de contramano con afrontar los problemas más urgentes y de alguna forma resolverlos. Ni hablar de mejorar el actual sistema educativo de nivel superior.
En ese marco, tal es el caso paradigmático de la aprobación de la ley 2529, de abril del 2006, que vino a reemplazar a la ley 136 de “Universidades” que data del año 1993. Esa ley establecía que para crear una universidad se necesitaba un dictamen favorable del Consejo de
Universidades.
La 2529 vino a modificar varios artículos de la Ley 136. En primer lugar, la nueva norma cercena al Consejo de Universidades su potestad de dictaminar en forma vinculante sobre la creación de las universidades. Vale decir, el Parlamento puede crear las universidades sin tener un dictamen favorable por parte del Consejo de Universidades.
Otro aspecto de esa legislación es que, anteriormente se requería la aprobación del Consejo de Universidades para abrir facultades, abrir filiales, crear nuevas carreras. Sin embargo, esta Ley 2529 deja en total libertad a las universidades para que creen y hagan funcionar las carreras que quieran, las filiales que quieran y las facultades que quieran. El resultado concreto de la aplicación de esta norma es que, por ejemplo en menos de un año se crearon varias facultades de medicina en conocidas universidades privadas.
Uno de los principales mecanismos que se está utilizado para acabar con lo poco que le queda a la universidad de pública, y privarla de su estatus de centro privilegiado del pensamiento universal, es someterla a la competencia con las universidades privadas. En un principio se veía en forma positiva a la universidad privada, porque de algún modo estaba libre de las rémoras y restricciones que aun perduran en la universidad nacional, adquiridas centralmente durante el periodo autoritario acabado en el 89.
Sin embargo, examinando los resultados logrados por las mismas en conjunto, los resultados son bastante negativos. Estas instituciones, al depender casi con exclusividad del ingreso obtenido por el pago de la matrícula y otros fondos provenientes de los “servicios educativos” (aranceles, derechos por exámenes, etc.), en un contexto de competencia, se ven ante la necesidad de reducir constantemente sus pautas de exigencia académica como forma de retención de su nivel de matriculación. Por consiguiente, se instala en la vida académica una tendencia facilista (la única exigencia real para egresar es pagar religiosamente las cuotas) que indudablemente encamina a la enseñanza universitaria hacia una inevitable mediocrización (3).
Pero más allá de que las universidades privadas son un lucrativo negocio, las mismas no son solo el producto de la demanda del mercado por “servicios educativos”. Mal puede hablarse, que la exigencia de nuestro minúsculo mercado interno propicia el crecimiento y brote de universidades como hongos. Por eso citábamos más arriba el papel de los organismos del estado, y la adopción de marcos jurídicos que debilitan a la educación publica.
Debido a su característico atraso nuestro país sirve como buen contraste para evaluar o proyectar las políticas estructurales que ya han sido aplicadas en otros países de la región.
Durante los 90, con el resto de los ajustes estructurales, económicos, sociales y políticos que vivió Latinoamérica, también el sistema educativo en su conjunto y en especial la educación media superior y superior de la región fue sometida a un ataque sistemático a sus fundamentos, a la tradición de libertad de cátedra y de investigación que se cimentó durante siglos: la autonomía, fundamento del concepto humanista y de la libertad de cátedra e investigación desinteresada que caracterizan a la universidad clásica.
Todos estos principios fueron revisados, no por las "exigencias del mercado" o de la globalización, sino específicamente por el principal instrumento institucional de alcance internacional que funge de polea de trasmisión de estas políticas, el Banco Mundial (BM) y los poderosos intereses internacionales que se articulan desde ese centro institucional.
El Banco Mundial a través de un documento intitulado "El Financiamiento y Administración de la Educación Superior:Reporte sobre el Status de las Reformas en el Mundo" (4), explica que la agenda para la reforma educativa "está orientada por el mercado más que por la propiedad pública o por la planeación y la regulación gubernamentales". Luego agrega que "la dominación, en casi todo el mundo, del capitalismo de mercado se encuentra en la base de la orientación por el mercado de la educación media superior y superior".
Dejando de lado la larga experiencia histórica europea como paradigma de lo que es la universidad occidental y el hecho de que en Europa la Universidad "privada" es algo inexistente, el Banco Mundial, argumenta e impone como modelo a Latinoamerica por medio de préstamos altamente condicionados dirigidos a la reforma de la Educación media-superior y
superior, que la educación y la investigación universitaria, "es un bien privado -no público- cuyos problemas son manejables o están al alcance de "soluciones de mercado". Esto es, se enmarca en una oferta limitada, no está en demanda por todos, y está disponible por un precio (5).
También, los consumidores (negocios e industria) están "razonablemente bien informados" mientras que los proveedores (administradores y profesores) están "frecuentemente mal informados-condiciones que son ideales para que operen las fuerzas del mercado".
Financiar la demanda específicamente para el BM significa en la práctica:
a) incremento de las matrículas;
b) cobrar el costo total de pensión;
c) instrumentar medidas de préstamos a los estudiantes;
d)cobrar los intereses de mercado a todos los préstamos estudiantiles;
e) tercerizar el cobro de los préstamos a través de compañías privadas, y la introducción de un impuesto a los graduados;
f) adiestrar a los profesores como empresarios;
g) vender investigación y cursos; y por último
h) incrementar el número de instituciones educativas privadas con cobros del costo total de la enseñanza.
El propósito o intensión de hacer de la educación superior algo completamente autofinanciable, es en los hechos, despojar a nuestro país de la educación pública, gratuita y obligatoria, aumentando, por la vía de la privatización de la enseñanza y la investigación, la carga a la sociedad -los estudiantes y sus familias-. Liberando, al gasto social para que este pueda ser desviado, para acrecentar el papel dependiente de nuestras economías, ya sea por medio del pago de la deuda externa o del subsidio a sectores parasítos, como la especulación bancaria.
Estos son los criterios adoptados por las agencias que promueven y financian la investigación universitaria en Amérca Latina, transformándose en mecanismos normativos por medio de los que, el Banco Mundial y esas agencias inciden de manera significativa, en la agenda de la investigación universitaria en el campo tanto de las ciencias naturales como de las sociales, reduciendo pedazo a pedazo, área tras área, la autonomía universitaria.
Tenemos entonces dos mecanismos, en primer lugar el fianciamiento privado que en esencia es un direccionamiento del conocimiento producido por la universidad y el otro que consiste en el desmantelamiento o debilitamiento de la Universidad pública por medio del establecimiento de "universidades tecnológicas" a lo largo y ancho del país. La universidades privadas en realidad no pasan de ser institutos para capacitar personal en labores técnicas inmediatamente requeridas por las empresas, es decir, egresados de visión acrítica y estrecha sin formación en la tradición humanista, la historia y los fundamentos del conocimiento científico general que debe tener cualquier profesional de las artes, las ciencias naturales o sociales.
Los conceptos fundamentales de la agenda del BM para la docencia y la investigación universitarias son: privatización, desregulación y "orientación por el mercado". Finalmente podemos decir entonces, que es evidente que nuestras instituciones estatales, influenciadas por los ajustes y convenios con los organismos financieros internacionales, no tienen la intención de mejorar, ni parchar la situación de la universidad pública, antes bien lo que se desea es acabar con la misma a mediano y largo plazo.
Revirtiendo esta situación.
REPENSAR LA UNIVERSIDADEvidentemente el país está pasando por una coyuntura política de signo distinto, no es objetivo del presente trabajo debatir sobre los limites y alcances de la misma. Pero es claro que las instituciones educativas no van a quedar aisladas de los ajustes que se estan dando. Ajustes que probablemente reiteren la ecuación de continuismo gubernamental en contraste con los deseos de cambio de los sectores sociales (6).
Las actuales autoridades de la UNA, fuera de la queja y los consabidos reclamos, concretamente no han hecho mucho para revertir esta situación, pues la unica forma de hacerlo es involucrando como actor principal al estudiantado. En ese sentido se puede hablar de la desidia cómplice, producto del autoritaritarismo que aún vive y respira por la universidad nacional. Antes bien existe toda una tradición de exclusion de los estudiantes de la participación activa.
Los distintos reclamos estudiantiles por una “Reforma Universitaria” se han repetido constantemente a traves de los años desde la caída de la dictadura stronista, sin que la situación haya acambiado mucho. Para tener una idea solo basta decir que los reclamos de Reforma Universitaria provenientes del estamento estudiantil en Paraguay son los mismos que en esencia fueron adoptados por el resto del continente ya en los tiempos de Córdoba. Así como dabamos el ejemplo de la aplicación tardía de los ajustes neoliberales en la Educación Superior en nuestro país, tambien podemos citar las respuestas trazadas por el movimiento universitario en los demás países de la región donde producto de luchas constantes se pudo revertir esta situación como es el caso argentino y la lucha de los estudiantes contra la LES, o el de los secundarios chilenos en defensa de la educación media.
Hoy por hoy, localmente el movimiento universitario está bastante aletargado, como el resto del conjunto del movimiento social, en la espera de cambios profundos pero que se suponen vendrán desde arriba. Suponer que los cambios nos caerán del cielo ya es bastante cómodo y utópico. Pero incluso, esperar cambios a través de las viejas estructuras anquilosadas y vaciadas de contenido, demostradamente obsoletas, como son los Centros de Estudiantes y las Representaciones Estudiantiles también puede costarnos un tiempo valioso. Sobre este punto es importante citar una excepción y un ejemplo a tener en cuenta, el cual contradictoriamente se da entre estudiantes de una universidad privada, como es la ocupación de espacios, la lucha por reivindicaciones concretas y el pensar desde una visión de los estudiantes a la universidad en relación directa con los problemas y desafíos de los sectores sociales históricamente relegados, como es el caso de la lucha de los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UCA.
Los estudiantes, sin renunciar a los grandes movimientos y frentes universitarios, deben empezar a articular nuevas formas de participación directa para incidir en la defensa de la universidad pública y de calidad para todos. Formas proactivas de decisión y participación cotidianas deben ser ejercitadas con más fecuencia, como por ejemplo las Asambleas de cursos y carreras, los Consejos de Delegados, etc. Todo esto cruzado horizontalmente por la idea y el principio de abrir las puertas de la universidad a los sectores sociales, pues si se sigue por la senda del aislacionismo elitista, perderemos como aliados a los verdaderos interesados en defender la universidad pública, sin contar con el aprendizaje, el
know how que podamos adquirir del movimiento campesino o docente, obrero, indígena, etc.
El reclamo de un mayor presupuesto para el funcionamiento mínimo de la universidad como la investigación, y la extensión solo puede ser efectivo si los estudiantes forman parte integrada de los consejos de Escuela y de Facultades. La siempre deseada “representación paritaria” debe provenir de la participación activa y cotidiana de los estudiantes, no como una mera formalidad seudodemocrática.
Por todo lo dicho y en ese marco, la promoción de este debate es un inicio importantísimo, la creación de una revista que canalice el mismo es una herramienta valiosa. A partir de ahora desarrollar el segundo momento el del retorno y la praxis transformadora debe ser el siguiente paso.
1. ABC Digital - Asunción, Paraguay, Viernes 19 de Septiembre de 2008 - "Hay desorganización y caos en la educación superior del Paraguay”
2. Domingo M. Rivarola, La educación superior universitaria en el Paraguay.
3. Ídem.
4. También se puede acceder a otro documento bastante interesante: Desafíos de la política de educación superior en America Latina: reflexiones a partir del caso Argentino con énfasis sobre la evaluación para el mejoramiento de la calidad (Español).
5. John Saxe-Fernández (2003), Globalización, poder y educación pública.
6. Hasta ahora el nuevo gobierno no da indicios de alejarse de las políticas globales de los organismos financieros internacionales, antes bien se da un acercamiento más estrecho. La vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, en reciente visita ofreció créditos por 500 millones de US$, de los cuales aclaró donarán 5 millones para obras sociales. Disponible en: http://www.abc.com.py/2008-09-16/articulos/451456
Marcos Boltes
Estudiante del 3º Curso
Sociología UNA
